Análisis: ¿Cómo Vamos con La Ley De Víctimas Y Restitución De Tierras?

Por: Melissa Pava

En el momento coyuntural en que se encuentra actualmente Colombia con las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, y aun más, con la inclusión directa de las víctimas en la mesa diálogos y el reconocimiento de éstas no solo por parte del gobierno, sino también del grupo guerrillero, se está marcando la diferencia de estas negociaciones con las otras que se intentaron en el pasado en el país. Sin embargo, el reconocimiento de las personas que a lo largo del conflicto armado han sufrido violaciones a sus derechos humanos es algo reciente en la nación y surge bajo un escenario de cambio, de cara a un posible fin del conflicto armado (por lo menos hasta el momento con las Farc). Así, en el 2011 el Presidente Juan Manuel Santos sanciona la ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 de 2011), producto de una iniciativa del Partido Liberal Colombiano. Con esta, se buscaba reforzar el Estado de Derecho para consolidar una sociedad más democrática.

Si bien la reparación de las víctimas en todas sus dimensiones es un gran paso en la legislación de Colombia, significa igualmente un reto mayor teniendo en cuenta la complejidad del conflicto colombiano y su larga duración. Desde el momento en que empezó a regir esta normativa varias opiniones han surgido, pues por una parte es un paso histórico en el país el reconocer las vulnerabilidades de esta vasta comunidad, pero por otra parte, los parámetros de clasificación de quién es considerado como víctima y quién no, así como la puesta en marcha en sí misma de toda la maquinaria necesaria para acceder a la verdad, justicia y lograr una reparación integral, requiere de mucho tiempo y recursos. No obstante, la obligación del Estado es reparar a quienes han sido vulnerados por acción u omisión del Estado y grupos al margen de la ley. Adicionalmente, la reparación por medio de la restitución de tierras es un tema central en la política colombiana, dado el problema de vieja data de acceso a la tierra y mala distribución de esta. En este sentido, si se está buscando una salida negociada al conflicto con una guerrilla que argumenta que su mayor impulso a levantarse en armas fue la inequidad en la sociedad, entonces, el eje vertebral debe ser garantizar a las víctimas el acceso a la tierra, con todas las condiciones que ello requiere, como la seguridad de que ningún otro actor va a despojarlos o garantías para un uso eficiente de estas (educación, subsidios, etc.).

En el mismo orden de ideas, cabe destacar que el Presidente amplió el concepto de democracia hasta hace 3 años imperante en el país, al reconocer la existencia de un grupo de personas con una característica en común: haber sido violentadas de alguna forma (psicológica, económica, moral, etc.) a lo largo de la guerra en que ha estado sumida el país. Esto debido a que se reconoce que una parte de la población no tiene total protección de sus derechos humanos, y como Estado democrático se debe garantizar que todos gocen plenamente de estos; al tiempo que fortalece las instituciones para que puedan proteger y reparar plenamente a las víctimas. Por ende, se pasó de la absoluta negación de la existencia de un conflicto armado, y por tanto, de las víctimas como sujetos de derechos (Calle, 2014), a un escenario de cohesión nacional frente a un posible posconflicto.

Contenidos de la ley

Para comenzar, la presente ley establece como víctimas aquellas personas que a partir de enero 1 de 1985 hayan sufrido daño a causa del conflicto armado interno, por infracciones contempladas en del Derecho Internacional Humanitario o las normas internacionales de Derechos Humanos. Adicionalmente, son consideradas víctimas las personas que tenían una relación directa de primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima directa, es decir, el compañero/a permanente, cónyuge o familiar[i]. También, “(…)las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización” (ley de víctimas y restitución de tierras, 2011, p. 20). Por otra parte, la ley hace una aclaración que en ningún caso los grupos terroristas o los grupos armados ilegales podrán ser contemplados dentro de esta normativa, salvo que sea un niño o adolescente que se haya desvinculado del grupo cuando aún era menor de edad.

La ley de víctimas y restitución de tierras busca devolverle los derechos que han sido violentados a los individuos y comunidades dentro de unos procesos judiciales establecidos. Adicional a ello establece un marco de ayuda humanitaria, medidas de asistencia y atención a las víctimas y una ayuda especial a quienes hayan sido despojados de sus tierras. También, contempla mecanismos de reparación a las víctimas en los aspectos psicológico, simbólico y económico. Dentro de este último punto, la ley establece restitución de tierras, de viviendas, acceso a créditos y a formación educativa, indemnización, garantías de no repetición, entre otros. De igual manera, instaura instituciones para una eficiente y efectiva reparación integral y total cumplimiento de la ley. Finalmente, por una parte, la ley dispone un aparte exclusivo para la reparación de los menores de edad que han sido víctimas, y por otra, abre el espacio de debate político para que las víctimas hagan parte el proceso de diseño, implementación y evaluación de la política en el contexto nacional como local de sus comunidades. De esta manera, lo que se espera es que tengan una mayor participación en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos que les competen directamente. Para ello, se han organizado mesas de trabajo de participación de víctimas a nivel municipal, departamental y nacional.

Frente a los contenidos anteriormente mencionados, resulta pertinente resaltar que su objetivo principal son los cerca de seis y medio millones de víctimas[ii] que ha dejado el conflicto armado en todas sus dimensiones. Más allá de las discusiones sobre la verdadera aplicabilidad de esta normativa, el marco jurídico político que brinda la mencionada ley es vital para que el grupo de vulnerados puedan tener una barrera de protección y garantías de reparación por actos externos a ellos que los afectan directamente. Así, como lo planteó para una entrevista de la revista Semana, Miguel Blanco, desplazado que actualmente hace parte de la Mesa Departamental de víctimas de Santander, “(…)por fin (…) hay un piso jurídico que los protege y que tarde que temprano reparará a todas las víctimas”[iii]. Para lograr su objetivo principal, la ley se rige por tres principios fundamentales que tienen como propósito el reconocimiento de la dignidad de las víctimas del conflicto armado. Dichos principios son:

Principio de buena fe

Con este principio se busca que quienes se conciban como víctimas prueben su condición mediante una declaración ante las autoridades competentes, partiendo de que lo que argumentan es verdad. Si existe incongruencia con los relatos, el Estado podrá proceder a hacer la respectiva investigación. Adicional a ello, mediante un sumario pueden demostrar a la autoridad administrativa los daños que han sufrido.

Principio de igualdad de todas las víctimas

Este principio busca eliminar cualquier tipo de distinción entre las víctimas sin importar quién fue el victimario.

Principio de enfoque diferencial

El principio de enfoque diferencial busca adoptar una serie de medidas alternativas para aquellos miembros de grupos de víctimas que por sus condiciones de género, discapacidad, edad, etc., son expuestos a mayores violaciones de sus derechos. Para ello, “la ley ofrece especiales garantías y medidas de protección, asistencia y reparación(…)” (ley de víctimas y restitución de tierras, 2011, p. 9) a las mujeres, niños, sindicalistas, desplazados, defensores de derechos humanos, etc.

Adicional a estos tres principios, se establecen los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad, que buscan garantizar la sostenibilidad económica del proyecto y que su aplicabilidad se lleve a cabo de manera gradual.

El reconocimiento de las víctimas por parte del Estado se da en el 2011 con la sanción del Presidente Juan Manuel Santos a la ley. Si bien se establece que la normativa se va a desarrollar de manera gradual, también es necesario reconocer que tiene un plazo determinado para su cumplimiento. Ello significa que la ley contempla que su vigencia será de diez años desde el momento de su promulgación (Corporación Humanas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, 2012); es decir, que para el 2021 se espera haber reparado a la totalidad de víctimas que hay en el país. Frente a esto, según un reciente informe de la Universidad de Harvard en el que evalúa el proceso de reparación en comparación con otros casos similares al colombiano como Guatemala e Indonesia; la capacidad institucional y los resultados que ha tenido la ley en el país, establece que hasta el momento se han reparado 426.000 víctimas, pero todavía queda el 94% que no han sido atendidas (Revista Semana, 2014). Por ello, se plantea la pregunta si el Estado ampliará el plazo o va a aumentar la cantidad de reparaciones por año, que según el informe, equivaldría a 450.000, “(…)sin contar que la cifra es cada vez más grande” (Revista Semana, 2014).

 

Medidas de asistencia, atención y ayuda humanitaria

Por otra parte, para llevar a cabo las reparaciones a las víctimas se establecen una serie de medidas que buscan primero satisfacer las necesidades más inmediatas de los individuos y segundo, darles acceso a programas y recursos ya sea de tipo económico, político, fiscal, entre otros. Estas últimas medidas se pueden considerar de mediano plazo en tanto buscan restablecer efectivamente los derechos de las personas, al tiempo que da las bases para que se puedan reincorporar a la vida social. Algunas de las medidas establecidas son la asistencia funeraria, asistencia en salud para que puedan superar su estado de vulneración y por último, asistencia en educación garantizándoles el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media sin ningún costo.

La Unidad de Víctimas “anuncia que 385.000 víctimas recibieron reparación administrativa. De esas, casi 200.000 han tenido una reparación integral, que va desde lo económico hasta cobertura en salud y educación, y 50.000 han recibido atención psicosocial” (Calle, 2014). Estas cifras se pueden considerar el resultado de la buena fe del Estado al abrirles un espacio en el espectro político, económico y social del país que pocos años atrás no tenían.

Dentro del marco de reparación se estableció una política mixta por dos vías, judicial y extrajudicial. En este sentido, la primera hace referencia a la restitución de tierras a aquellas personas que han sido desplazadas violentamente de sus parcelas; y la segunda hace referencia a las indemnizaciones por vía administrativa a las que tienen derecho. Sin embargo, la reparación extrajudicial no se limita exclusivamente a indemnizaciones, sino que propicia medidas de restitución de tierras y vivienda, rehabilitación psicosocial, restablecimiento de los derechos y más importante aún, garantías de no repetición (ley de víctimas y restitución de tierras, 2011).

Ley de restitución de tierras

Ahora bien, con el reconocimiento de los que han sido afectados directamente por el conflicto armado en el país, la ley de víctimas reconoce adicionalmente a aquellas personas que directa o indirectamente tuvieron que abandonar sus tierras por esta causa. Por este motivo, se creó conjuntamente la ley de restitución de tierras que busca restituir los predios o la vivienda rural, y en caso de que las condiciones no permitan devolver el predio original, se procederá a una sustitución por tierras con características similares a las del original. La restitución está comprendida para que se de tanto jurídica como materialmente, es decir que no solo se entregue el terreno sino que haya un restablecimiento de los derechos de propiedad o tenencia de la tierra. Sin embargo, no todas las personas que hayan sido obligadas a desplazarse durante su vida tienen acceso a esta ley, pues solamente podrán acceder aquellas personas que hayan sido despojadas a partir de 1991. Esta medida puede ser vista como excluyente en la medida en que el conflicto armado interno no comenzó en 1991 sino que el país lleva sumido en esta guerra por casi 60 años, y las personas no solo empezaron a ser violentadas en sus derechos desde 1991 hasta la actualidad. En pocas palabras, quienes hayan sido obligados a abandonar sus tierras antes de ese año no tendrían el pleno reconocimiento de víctimas. Por el contrario, los defensores de esta ley argumentan que no es incoherente pues “(…) después de 20 años prescriben los términos para reclamar propiedades(…)” (Paredes, 2011). Pero, como lo argumenta César Paredes (2011) en su artículo para la revista Semana, esta es una decisión muy arbitraria, e incluso se podría considerar en contravía con la esencia misma de la ley que es el reconocimiento mismo de estas personas.

Como instrumento para garantizar un orden en el proceso de restitución de tierras, el gobierno nacional creó el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, para que las personas se inscriban y determinen los predios que perdieron. Pero, la mera acción de devolución de predios no garantiza para nada una completa inserción en la sociedad. Algunas víctimas sostienen que el hecho que les devuelvan sus predios no significa que automáticamente su situación es mejor. Es necesario que el Estado garantice acompañamiento permanente mediante educación, fácil acceso a créditos, medidas económicas nacionales que beneficien los productores, garantías de no repetición, etc., que les garanticen productividad y sostenimiento a mediano y largo plazo. Una vez la persona esté inscrita en el registro se podrá proceder con la gestión de restitución.

Es necesario conocer las cifras a las que se enfrenta actualmente el Estado colombiano de la cantidad de tierras despojadas forzosamente. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, desde el 2011, fecha en que comenzó a regir la ley, hasta el 2013 se generaron un total 32.688 solicitudes de ingreso al registro, que corresponde a un área total de 2.368.908 hectáreas[iv]. De igual manera, hay datos que afirman que en el periodo entre 1980 y 2010 el número de hectáreas de tierras despojadas o abandonadas forzosamente aumenta a un total de 6.65 millones según la Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada (Paredes, 2011).

Entonces, ¿Cuál es la importancia de conocer estas cifras?

Es vital para el Estado y las diferentes dependencias que se han creado en el marco de la ley 1448 de 2011 conocer el número de individuos y familias que actualmente se encuentran desplazadas y que han perdido sus tierras a causa de la guerra. Para garantizar una efectiva implementación y ejecución de la reparación, hay que saber primeramente quiénes son las víctimas y sus motivos. Es también relevante para conocer las vastas consecuencias que a lo largo del tiempo ha dejado el conflicto armado y la gran deuda que tiene el Estado históricamente con los campesinos y los desposeídos para que haya un balanceado y equitativo acceso a la tierra. En términos de cumplimiento, se requiere registro de las personas a las que les deben restituir sus predios para garantizar la plena inserción de ellos en la sociedad y que efectivamente van a ser sujetos de restitución.

Hasta el momento, ¿Cuál es el balance desde su implementación?

Con tres años de estar en funcionamiento la ley, se puede empezar a ver el impacto que ha tenido y los retos que presenta a futuro. Por un lado, uno de los grandes cuestionamientos es de dónde se va a sacar la cantidad de dinero que se requiere para llevar a cabo todas las medidas contempladas en esta. Cuando aún el proyecto estaba en debate en el Congreso se estimaba que aproximadamente iba a tener un costo entre 10 y 20 billones de pesos, aunque no se sabe con exactitud el monto real requerido. Lo único seguro es que es casi imposible que se lleve a cabo en su totalidad “(…)la devolución absoluta de los bienes y una indemnización cabal del detrimento patrimonial de las víctimas (…)” (Paredes, 2011). A pesar de ello, el Estado tiene el deber de reparar en algún grado a las víctimas en gran parte de sus ámbitos personales (moral, psicológico, social, etc.). Una alternativa de solución a esta traba es la que propone Luis Jorge Garay (2011), director de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, que es la creación de tarifas que no comprometa la regla fiscal pero sí garantice una reparación administrativa.

En otro orden de ideas, no es adecuado hablar de la ley como si fuera algo de inmediato cumplimiento. Hay que tomar en consideración que es un marco legislativo relativamente nuevo que tiene que ir consolidándose a los diferentes contextos que se viven en el país. Tal como lo argumenta la investigadora del Centro de Memoria Histórica, María Emma Wills, por las condiciones del Estado colombiano hay que dejar que se forme la ley y dejar que siga un proceso de adaptación, pues no se pueden esperar grandes cambios en solo tres años de implementada[v].

Otro debate que ha suscitado la ley concierne a la articulación de la red de instituciones que se crearon para su cumplimiento efectivo. Este es un reto que tiene el Estado porque de nada sirve tener en papel una cantidad de consideraciones para reparar a las víctimas si en la realidad sus derechos van a seguir siendo violados y sus condiciones no van a mejorar. Por este motivo, el enorme desafío que viene posterior a la creación de la ley es la puesta en marcha eficiente de ésta, entendiéndose esto por garantizar que se vuelva una política pública. Son aproximadamente 50 instituciones, más ministerios e instituciones estatales los que deben trabajar conjuntamente. Si bien existen posiciones que argumentan que es necesario fortalecer la institucionalidad del país en miras a mayor eficiencia en los procesos, también hay otras posturas como la de la directora de la Unidad de víctimas Paula Gaviria, quien sostiene que “(…)la articulación sí se ha dado y que mejorará en los próximos años” (Calle, 2014). Adicionalmente, otro inconveniente que se reporta es la poca efectividad de algunos alcaldes para incentivar la ley y para propiciar espacios de interacción entre Personerías y víctimas, con el fin de que las mesas de participación de víctimas cuente con total participación de este sector, a la vez garantizarles el acceso a las medidas de reparación. En este sentido, gran parte del éxito de la ley depende del apoyo y promoción por parte de los gobiernos locales para darles protagonismo a las víctimas.

Por otra parte, en lo que concierne a la restitución de tierras, el panorama no es muy alentador porque no se han cumplido las metas establecidas por el gobierno nacional. Después de casi tres años, se han dictaminado 372 sentencias de restitución de tierras frente a un esperado por el gobierno de 360.000 para este tiempo, que equivale a un total de 20.694 hectáreas de las cerca de 6 millones que se espera restituir. El desfase de tierras adjudicadas es gigantesco y alarmante pues advierte una falla en la forma como se están llevando a cabo los procesos. Frente a esto, el analista político León Valencia afirma que son varios los factores que están incidiendo directamente en el lento avance de este proyecto (Valencia, 2014). En principio, el tipo de jueces que están llevando los procesos de restitución no son completamente competentes para el tema, generando esto procesos lentos y agotadores. También, con el sistema creado de microfocalización, mediante el cual no se da la restitución por vía administrativa de zonas riesgosas por el mecanismo de compensaciones, sino que se acude al Ministerio de Defensa para saber las zonas aptas para hacer restituciones, alargando aún más el proceso, porque como lo advierte Valencia, se pone a los militares de jueces. Este tipo de filtros innecesarios están retardando el proceso y lo están complicando sin tener mucha necesidad de hacerlo (Valencia, 2014).

Más allá de las dificultades técnicas que tiene la ley, hay dos grandes preocupaciones para que el gobierno pueda garantizar un efectivo cumplimiento de la normatividad. El primero tiene que ver con las amenazas que cada vez son más recurrentes entre los reclamantes de tierras. Se prevé que ya hay cerca de 700 individuos amenazados y que incluso se han conformado grupos anti-restitución que son conformados ya sea por los mismos perpetradores de los despojos y que no quieren perder lo conseguido, o por personas o empresas que se valieron para quedarse con los predios a precios bajísimos (Calle & Sierra, 2013). El segundo gran problema que existe son las minas antipersonales sembradas en tierras destinadas a restitución. Esto se debe a que la mayoría de tierras que fueron usurpadas se ubican en zonas donde los grupos al margen de la ley tenían mayor presencia, llegando a constituir, según el director de la Unidad de tierras Ricardo Sabogal, casi el 70% del total de las áreas que se quieren destinar a la ley de restitución (Calle & Sierra, 2013).

Todos los factores mencionados constituyen grandes desafíos para el gobierno y las instituciones para lograr un efectivo cumplimiento de la ley de víctimas y restitución de tierras. Aunque el ritmo en que han avanzado las reparaciones ha sido relativamente lento, es considerable dado el tiempo que lleva operando la ley. No es pues sinónimo de que la ley vaya a constituir un fracaso nacional, sino que es necesario esperar que tanto el sistema institucional como las condiciones se regulen para acelerar el proceso de restitución de tierras y de reparación a las víctimas.

Conclusiones

La ley de víctimas y restitución de tierras se puede considerar en cierta medida como una ley progresista, pues representa un avance para la sociedad colombiana. En primer lugar y muy importante, por el reconocimiento que hace el Estado de las víctimas y de la existencia de un conflicto armado interno que ha causado masivas violaciones a los derechos humanos de los civiles, que el Estado, en su papel de garante, debe velar por su reparación inmediata. El deber histórico del Estado con las poblaciones más vulneradas y azotadas por la guerra a lo largo de la historia está finalmente siendo reafirmado en esta ley . No obstante, el marco regulador no se debe quedar exclusivamente en palabras de buena fe, sino que deben ser efectivas para la ciudadanía y deben ser de fácil acceso para que esta población tenga la posibilidad de reivindicar sus derechos y su integridad y pueda finalmente recuperar su dignidad y se puedan reinsertar en la sociedad.

Si bien los contenidos de la ley auguran muchos beneficios para la comunidad de víctimas y muchos espacios de participación y reparación, también se evidencia en la actualidad que su implementación se ha llevado a cabo de manera particularmente lenta y que las barreras para su cumplimiento están dilatando el proceso y dejando finalmente a las víctimas en la misma posición de vulnerabilidad en la que se encuentran. Es necesario pues que el gobierno nacional en asocio con las entidades competentes, promuevan estrategias de contención de los problemas mencionados, incrementen la seguridad, que haya conocimiento y acceso por parte de los individuos a los diferentes mecanismos de reparación y asistencia y que se replanteen las metas, según el contexto y la condiciones en que se está realizando la asistencia y restitución.

 

 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas

Calle, M., & Sierra, A. (2013, marzo 4). Restitución de tierras: Se abrió la caja de pandora. Revista Semana. Recuperado de http://www.semana.com/especiales/restitucion-tierras/

Calle, M. (2014, junio 11). Ley de Víctimas: lo bueno, lo malo y lo feo. Revista Semana. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/ley-de-victimas-balance-de-tres-anos/391302-3

Cristo, J. F. (s.f). ABC del proyecto de ley de Reparación a Víctimas. Recuperado de http://www.juanfernandocristo.com/docleyes/abcvictimas.pdf

Paredes, C. (2011, mayo 5). Diez puntos clave de la ley de víctimas. Revista Semana. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/diez-puntos-clave-ley-victimas/239330-3

Prada, N., & Poveda, N. (2012). 32 preguntas y respuestas sobre la Ley de Víctimas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. Recuperado de http://www.humanas.org.co/archivos/cartlldisreducido.pdf

Ministerio del Interior y de Justicia. (2011). Ley de víctimas y Restitución de Tierras. Recuperado de http://www.unidadvictimas.gov.co/normatividad/LEY+DE+VICTIMAS.pdf

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2013). Unidad de Restitución de Tierras. Recuperado de http://restituciondetierras.gov.co/media/descargas/estadisticas/estadisticas-20130204.pdf

Valencia, L. (2014, marzo 29). Presidente Santos ¡Salve la restitución de tierras!. Revista Semana. Recuperado de http://www.semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-presidente-santos-salve-la-restitucion-de-tierras/381914-3

(2014, noviembre 15). Víctimas, Según Harvard. Revista Semana. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-segun-harvard/409227-3

[i] Tomado de la ley de víctimas y restitución de tierras.

[ii] Dato tomado del artículo de María Clara Calle para la Revista Semana, Junio 11 de 2014.

[iii] Tomado de Artículo de María Clara Calle para la Revista Semana, Junio 11 de 2014.

[iv] Datos tomados de la Unidad de Restitución de tierras.

[v] Tomado de Artículo de María Clara Calle para la Revista Semana, Junio 11 de 2014.

5 comentarios

  1. Excelente artículo, recoge muy bien los datos, cifras y hechos más relevantes alrededor de la ley de víctimas y la restitución de tierras. Además, también se mencionan los retos actuales que enfrenta el proceso con respecto a la expectativa y la realidad, las dificultades y amenazas que han sufrido las personas que buscan o lideran este proceso.

    Solo me queda una duda y es, si se conoce que el Estado colombiano no está en capacidad de indemnizar económicamente a las víctimas porque supera su capacidad fiscal, ¿cuál es la posibilidad de que otros actores “ayuden” en este proceso? Después de todo, la construcción de paz –y eso incluye la reparación de las víctimas- es un tema que nos concierne como sociedad.

    Me gusta

  2. El artículo es muy bueno. Por un lado, es muy completo pues explica de forma explícita y detallada sobre la ley de víctimas y restitución de tierras; no sólo expone los objetivos de esta ley sino también sus implicaciones, cómo está siendo implementada y en qué va dicha implementación. Por el otro lado, el análisis es crítico pues muestra los retos y desafíos que implica esta ley en Colombia, especialmente en la etapa de pos conflicto. La autora es muy crítica con respecto a los desafíos de la ley y habla sobre un tema que ha sido muy cuestionado: los recursos económicos que se necesitan, sobre todo para el pos conflicto.

    Sin embargo, me hubiera gustado saber un poco más sobre los esfuerzos que ha hecho el Gobierno colombiano para conseguir ayuda económica internacional, pues ahí podría estar la solución de las múltiples críticas que se le ha hecho al Gobierno sobre este tema.

    Por otro lado, me hubiera gustado saber un poco más sobre las experiencias de reforma agraria que han tenido lugar en Colombia y establecer con esto en el trabajo un enfoque comparativo con respecto a la ley de víctimas y restitución de tierras actual.

    Me gusta

  3. El artículo es muy bueno porque describe los esfuerzos del Estado colombiano por resarcir a sus víctimas. Por otro lado, creo que se podría ahondar más en los graves problemas de sostenibilidad fiscal que tiene las dos leyes, sobre todo la Ley de Víctimas. En una conferencia en el 2013, Ana María Ibáñez, decana de la Facultad de Economía, expuso que la ley no era sostenible ni en los próximos diez años, especialmente porque la ley no propone mecanismos claros de salida. Es decir, la ley establece que a las víctimas se les de ayuda monetaria por tiempo indefinido, hasta que “sean estables socio económicamente” esta definición es muy vaga. Si no se ponen mecanismos de salida de depender del Estado entonces la ley no es eficiente porque no está ayudando a crear capital productivo en las víctimas sino que está creando ciclos viciosos de asistencialismo. Lo cual va en contravía de empoderar a las víctimas y que estas tengan agencia en su proyecto de vida. Obviamente el Estado tiene un deber claro de repararlas, pero los mecanismos de reparación deben ser pensados mejor para que sean más eficientes y para que no quiebren al Estado.

    Me gusta

  4. Hola Sarah y Natalia. Es cierto que el reto que tiene ahora el Estado es gigante en materia económica, por lo que el Gobierno tiene la tarea de buscar otros actores que puedan contribuir con esta reparación. De hecho, este mes el Presidente Santos hizo una gira por algunos países de Europa para conseguir apoyo político y económico de cara a un posible pos conflicto y tuvo muy buenos resultados, pues se creó un fondo para la financiación del pos conflicto. Incluso, Francia se comprometió con aportar experiencia en el terreno agroalimentario que beneficiaría a muchos campesinos y personas que recuperen sus tierras. Esto demuestra que la comunidad internacional está comprometida con el proceso de paz. Sin embargo, también es cierto que como sociedad todos tenemos un papel importante en el proceso de reparación a las víctimas, y no se debe dejar simplemente a las autoridades o burocracias, sino que se deben crear espacios de reconocimiento social, escucha, ayuda humanitaria, etc., para contribuir integralmente en este proceso.
    Por otro lado, Natalia, muy buena sugerencia de hacer un análisis comparativo de esta ley con experiencias del pasado. No obstante, en este trabajo me quería centrar en esta nueva normativa, y cómo ha sido su funcionamiento con tan solo 3 años de implementación. Sería muy bueno desarrollar, a partir de estas bases, un trabajo comparativo con lo que ha sucedido en el pasado.

    Me gusta

  5. El artículo me gusta y suscita debate, lo cual es aun más positivo.

    Referente al tema , como tal, considero que éstas son iniciativas relevantes por el sólo hecho de pensarse en las víctimas, pero hay temas complicados de aterrizar y que también retrasan su implementación. Por ejemplo, un asunto complejo es la representación que de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Restitución de tierras se hacen las propias víctimas…¿Cómo la ven? ¿Cómo creen que pueden presentarse, para ser beneficiarios de la misma? Imaginen un campesino de El Cielo o El Salado, corregimientos de la zona de ‘Los Montes de María’, cuya familia tenía miembros activos en la ANUC, es decir en el movimiento por la tierra, legalmente constituido y reconocido por el Estado Colombiano y que del gobierno sólo recuerda el abandono o la complicidad de algunos de sus agentes en las masacres en las cuales algunos de sus seres amados fueron humillados, aterrorizados, torturados, asesinados de formas dantescas y luego irrespetados (sus cuerpos sin vida) frente a los sobrevivientes; imaginemos ese mismo campesino que vivió a veces por horas, a veces por días y en algunos casos, por meses, bajo un régimen y un modelo de sociedad impuesto por los paramilitares (autores del 90% de las más de 6.000 masacres registradas durante los últimos 30 años), presentándose ante las autoridades y dando la cara al mundo, después de haber sido desplazado y haberse escondido, para pedir que le sean restituidas unas tierras y enfrentándose tanto al terror que le generan los recuerdos de unos grupos ilegales que con otros nombres, permanecen en muchas de esas zonas, como a la incredulidad que pueda generar su situación de víctima, en caso que no hayan testigos vivos de su caso. Debe ser muy difícil, sino aterrador para una persona en esas condiciones salir del anonimato, para exigir unos derechos que su miedo y quizás, su poca preparación académica, le impidan pensar que le pertenecen.

    Sin embargo y a pesar de consideraciones como ésta, cualquier proceso, política pública e iniciativa en general que busque reparar en algo el daño que la guerra ha hecho en el pueblo Colombiano, es de apoyar y acompañar!!!

    Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s